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El patinete eléctrico nuevas regulaciones.

La moda del patinete eléctrico, y sus problemas de uso y velocidad, han hecho que, las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, y a causa de un vacío legal en este sentido, redacten normativas a nivel municipal para regular las zonas por las que pueden o no circular y la velocidad límite que pueden alcanzar.

Con la reciente salida a la luz de la muerte por atropello con patinete eléctrico de una anciana de 90 años en Barcelona, conducido por dos jóvenes, cuyo proceso judicial, se inició a finales de noviembre, es evidente una falta de regulación a nivel nacional para este sector que no para de crecer.

Coincidiendo con este suceso, La DGT (Dirección General de Tráfico) ha redactado una propuesta de real decreto que prohibirá la circulación de los patinetes eléctricos en las aceras y reducirá la velocidad máxima

El patinete ha dejado de ser un juguete para convertirse en medio de transporte urbano, por lo que los juristas, deben regular y aplicar criterios de responsabilidad para intentar evitar este tipo accidentes y, aplicarlos en caso de que éstos se produzcan.

Algunas de estas cuestiones son:

¿De quién es la responsabilidad jurídica de empresa de alquiler o del usuario?

¿Se debe interponer una demanda civil?

¿Deben tener un seguro? ¿con qué coberturas?

Adaptación de la Ley de Seguridad Vial

Según los expertos, es necesaria la adaptación de estas cuestiones a la Ley de Seguridad Vial especificando la regulación aplicable a este tipo de vehículos.

Las ordenanzas municipales consideran que los peatones tienen prioridad en toda la calle, por lo que, no es necesario implantar pasos peatonales formalizados.

Sí, limitan la velocidad a los 20 km/hora y, por tanto, quien conduce debe dar prioridad al peatón con preferencia de tránsito.

Criterios éstos que, presuntamente, se habrían saltado los responsables del atropello de Barcelona.

¿A quién se le debe reclamar en este caso según la normativa municipal existente? ¿a la empresa de alquiler del patinete, o al usuario que lo está utilizando en el momento del atropello?

Según Auxiliadora Cansino, coordinadora de la sección de responsabilidad civil del Colegio de Abogados de Málaga, “el que conduce responde personalmente del daño que haya causado al otro y la empresa propietaria del patinete responde subsidiariamente”. En este aspecto, subraya que será necesario saber si las empresas que alquilan patinetes tienen “un contrato que incluye el seguro de responsabilidad civil y seguro personal de accidentes para el conductor”. ¿Y si el patinete no pertenece a una empresa de alquiler, sino que es propio?¿Cubriría una póliza de hogar alguna cobertura de responsabilidad civil para bicicletas y patinetes?, ¿Podría entonces esta póliza cubrir este tipo de daños?

Debería ser obligatorio que la nueva ordenanza en materia de vehículos de movilidad urbana exigiera a la empresa titular disponer de un seguro de responsabilidad civil, por lo que también podrá ser responsable civil la aseguradora y la empresa.

En este momento, la normativa de Valencia en cuanto a estos vehículos es la siguiente: https://www.levante-emv.com/multimedia/videos/valencia/2018-10-01-153529-nueva-normativa-patinetes-electricos-valencia.html

El Ayuntamiento de Gandía es el primero de España que ha impuesto una normativa de este tipo. Los usuarios tendrán que llevar también casco y chaleco reflectante.

Cambiarán el reglamento del uso del patinete en ciudad. Sólo podrán circular por las aceras siempre y cuando midan al menos tres metros, y lo tienen que hacer a una velocidad no superior a los 10km/h.

Será también obligatorio la utilización del casco y chaleco reflectante. Si los usuarios son mayores de 16 años, tendrán que adquirir un seguro de responsabilidad civil, a los menores a esta edad no se les permitirá hacer uso de estos vehículos.

No cumplir las normas anteriores, dará lugar a una sanción de 90 euros, si se trata de un menor, se infomará a los padres de inmediato.

En Madrid y Segovia está prohibido circular por la acera. En otras ciudades, como París, las instituciones plantean la posibilidad de un permiso de conducir para este tipo de aparatos móviles.

SENTENCIA FAVORABLE CONTRA LAS CLAUSULAS ABUSIVAS DE UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO

¿Por qué tienes que reclamar si detectas que te han metido en el préstamo hipotecario una o varias cláusulas abusivas?

Porque la Ley y la jurisprudencia, nos protegen en este sentido.

Si conseguimos que una cláusula sea declarada abusiva, el Tribunal la considerará nula, y como consecuencia, nos deberán restituir los daños generados por ésta.

El contrato de préstamo será automáticamente modificando como si la cláusula nunca hubiera existido.

MUY IMPORTANTE: si una cláusula es declarada nula su reclamación judicial no prescribe.

Desde Mario Tornay Abogados, queremos animaros a denunciar estos abusos, así que os resumiremos un caso real ganado por este despacho a la entidad “CajaMar” Cajas Rurales unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito.

Cómo siempre, y para que la lectura de este post sea amena y de fácil comprensión para todos, evitaremos hacer referencia a las fechas, leyes y números de sentencia.

Aunque, para quien le pueda interesar, podrá consultar la sentencia original pinchando aquí. SENTENCIA EJECUCIÓN HIPOTECARIA

ALLÁ VAMOS

Por aquello de “no empezar la casa por el tejado” aprenderemos primero lo más importante,

¿QUÉ ES UNA CLÁUSULA ABUSIVA?

Según la ley, “las cláusulas abusivas son aquellas estipulaciones fijadas en el contrato hipotecario de forma individual por parte del banco y en contra de la buena fe, que causan, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio en los derechos y obligaciones del contrato.”

En el caso que resumimos hoy, La entidad Cajamar, interpuso una demanda de ejecución hipotecaria, contra un cliente al que le habían concedido un préstamo y que éste había dejado de pagar.

Los demandados, es decir, los clientes, presentaron entonces un escrito a través del cual, se oponían a esta ejecución exponiendo en su defensa una serie de alegaciones. Por este motivo, el Letrado de la Administración de Justicia señaló una vista en la que las partes debían comparecer.

En la celebración de la vista, se expusieron una serie de FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

  • Que los clientes, tienen la condición de consumidores y usuarios y que el contrato de préstamo que se les concedió recaía sobre la vivienda habitual, por lo que estaban protegidos de antemano por la Ley de Consumidores y Usuarios.
  • La abusividad de las cláusulas del contrato de préstamo:

Cláusula financiera,

en base a la cual el tipo de interés nominal anual en cada periodo de revisión no podría ser inferior al 3,75%, de esto se desprende que es una CLÁUSULA SUELO “encubierta” y debe por tanto declararse abusiva según jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que:

  1. Existe en el contrato una falta de información sobre el punto anterior.
  2. La cláusula suelo no está destacada, sino contenida en el apartado de interés variable.
  3. No se les propone a los clientes otra alternativa ni se les explican y razonan las consecuencias de contratar a este tipo de interés.
  4. No se les informa previa y claramente sobre el coste de este tipo de interés y no lo comparan o les dan a elegir con otros préstamos que pudiera ofrecer la misma entidad a interés variable, en los que se tendría en cuenta el Euribor para las revisiones pudiendo obtener un tipo más bajo, hecho que no era posible con la cláusula suelo, ya que el interés pactado no puede ser inferior al 3,75% que establecía en este caso concreto.

Según dice la Ley, la cláusula suelo debe ser comunicada de forma especial, ya que su efecto, según los tipos de interés en vigor en cada momento, convierte un préstamo a interés variable, en un préstamo a interés mínimo fijo con el que el cliente no podrá beneficiarse de las reducciones que sufra el tipo de referencia, en este caso el Euribor.

La Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, exige que se entregue a los clientes del préstamo, un folleto informativo con las condiciones y el tipo de interés del mismo. La entidad, no pudo acreditar que les hiciera entrega de este folleto,

Tampoco la lectura del contrato, por parte del notario, era suficiente para que los clientes pudieran advertir la existencia de esta cláusula y sus consecuencias económicas, ya que se demostró que la redacción de ese apartado era bastante confusa.

No tuvieron tampoco los clientes, posibilidad de examinar la escritura pública durante los tres días anteriores al otorgamiento.

Se demuestra con todo lo anterior, una clara falta de TRANSPARENCIA, ya que el contrato, se presenta a los clientes como préstamo hipotecario a interés variable sin advertirles de la presencia de un umbral mínimo, la cláusula suelo, por debajo de la cual, el consumidor no podía beneficiarse de la eventual disminución del índice de referencia.

¿Genera la cláusula un desequilibrio en perjuicio del consumidor?

sí, porque es éste quien sufre la pérdida del derecho a beneficiarse de las bajadas del tipo de interés.

Cuando los clientes dejaron de pagar las cuotas, era éste el tipo de interés que se les estaba aplicando, y no el correspondiente al Euribor que seguía estando por debajo del límite establecido por la cláusula suelo.

De manera que, por todos los puntos anteriores, la cláusula se declaró nula.

MAS CLÁUSULAS

  • La cláusula de intereses moratorios se declara también nula por abusiva, ya que los intereses moratorios se fijaron al 18%, porcentaje que superaba en tres veces el interés legal del dinero.
  • La cláusula de escritura de préstamo también detalla varios puntos por los que se declara abusiva y por lo tanto, también nula.
  • La cláusula de Novación Modificativa, no se negoció de forma individual, tampoco era clara y producía un perjuicio económico al cliente, también se declara nula.
  • Vencimiento anticipado, esta cláusula otorgaba a la entidad la facultad de declarar el vencimiento anticipado, por falta de pago al vencimiento de alguna de las cuotas. Sin embargo, tiene que ser un juez el que compruebe la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo.

Además de todo lo anterior, el cumplimiento del contrato no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. En este caso, a la entidad bancaria.

RESUMIENDO

De todas las cláusulas mencionadas e incluidas en el contrato de préstamo hipotecario

  • Ninguna se negoció individualmente
  • No gozaban del requisito de transparencia
  • Y, además, generaron un desequilibrio entre las partes, ya que solo favorecían al prestamista, en este caso a La Caixa, sin ofrecer ninguna ventaja al cliente.

Por todo ello, fueron declaradas nulas de pleno derecho y tenidas por no puestas en el contrato. El contrato queda vigente, pero con todas esas cláusulas abusivas eliminadas del mismo.

SENTENCIA

Vistas todas las alegaciones, la Jueza declaró el sobreseimiento de la ejecución, impuso las costas de la misma a la entidad bancaria CajaMar

CONCLUSIÓN

Una vez más, conociendo el fallo de la Jueza en esta vista, comprobamos que se puede pleitear y ganar a una entidad bancaria como CajaMar y otras.

Siempre con el asesoramiento de un profesional que nos orientará y nos dirá, primero, si ve indicios de irregularidades en el contrato, y después, las posibilidades reales de poder demandarles y ganar.

No debemos quedarnos con la duda de si nuestro contrato de préstamo hipotecario contiene o no cláusulas abusivas, ante cualquier sospecha CONSULTAR a un abogado especializado, no tienemos nada que perder y sí mucho que ganar.

RECLAMA ANTE EL SEPE Y RESTO DE ENTIDADES PÚBLICAS

¿Has solicitado algún tipo de prestación o subsidio, y el SEPE te lo ha denegado por alguna razón que crees injusta?

Cuando se nos presenta un problema de éste u otro tipo con un organismo Público, siempre tendemos a pensar que no merece la pena recurrir, pues la Administración, siempre tiene las de ganar.

Es cierto que es difícil ir contra sus resoluciones, pues siempre hacen referencia a Leyes, Reales Decretos, artículos que , a los ciudadanos de a pie, hasta nos cuesta comprender, nos perdemos ante tanta burocracia y acabamos pensando que, si las sentencias hacen referencia a todas esas leyes que nosotros desconocemos, deben ser ciertas y estar bien aplicadas, y por lo tanto, no hay nada que hacer para rebatirlas por muy injustas que nos parezcan.

Desde Tornay Abogados, os animamos a todo lo contrario, es decir, siempre que tengáis algún problema con el SEPE, o cualquier otro servicio de la Administración Pública, debéis consultar con un profesional que os “TRADUZCA” estas resoluciones, y os aconseje sobre si son recurrible o no en cada caso.

Una consulta como ésta no os va a resultar muy costosa, económicamente hablando, sin embargo, si puede solucionaros un gran problema, en el caso de que sean recurribles.

Hoy os vamos a poner un ejemplo, utilizando una reciente sentencia favorable obtenida desde el Despacho de Tornay Abogados.

El objetivo de este post, es animaros a que, no os conforméis con este tipo de resoluciones. No sin al menos consultarlas con un profesional de vuestra confianza, que os orientará sobre las posibles soluciones, empezando por una reclamación administrativa o, incluso si lo cree conveniente, llegar hasta los Tribunales.

Caso contra el SEPE ganado en segunda instancia (Recurso de Suplicación) por denegar a la demandante el RAI

El resumen de este caso que os contamos hoy es el siguiente:

  • Nuestra cliente, solicitó ante el Servicio de Empleo Estatal (SEPE), la inserción en el programa de renta activa de inserción (RAI), en su condición de desempleada de larga duración, en fecha 10-03-2016.
  • Dicha solicitud se le denegó por parte del SEPE, alegando éste que, la demandante “había extinguido su anterior prestación por desempleo por sanción con fecha 24-06-1998”
  • Nuestra cliente no estaba de acuerdo con esta resolución por lo que, formuló una reclamación en contra, que éste desestimó con otra resolución con fecha 03-05-2016.

Recurso de Suplicación.

(No haremos referencia en este resumen a los números de los artículos a través de los cuales se amparan las sentencias y recursos del caso, por no hacer que la lectura sea farragosa. Si queréis consultar los mismos, podréis acceder al enlace que os llevará a la sentencia original y que pondremos al final del post).

La demandante, decidió no aceptar esta resolución acudiendo a nosotros. De manera que, este despacho, interpuso entonces Recurso de Suplicación con los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO:

  1. Se recurre la primera sentencia del Juzgado de lo Social que desestimó la demanda de nuestra cliente en fecha 10-03-2016, y también la sentencia desestimatoria de la reclamación contra la anterior. Ambas del Servicio Púbico de Empleo Estatal (SEPE). Los motivos del recurso, Motivo Previo de solicitud de cuestión de inconstitucionalidad y un Motivo Unico.
  2. En el motivo Previo se solicita que, se plantee cuestión de inconstitucionalidad, por entender que se impone una nueva sanción derivada de una antigua infracción que ya fue sancionada y cumplida en su momento, del que han pasado casi 20 años y que, incluso pueden estar prescritas.
  3. En el Motivo Unico, se alega vulneración de artículos que regulan la concesión de los subsidios de tipo asistencial en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en los que se entiende que, la demandante cumple con los requisitos que en ellos se mencionan para ser beneficiaria de la RAI, y de los artículos de la LISOS, (Ley sobre obligaciones y Sanciones del Orden Social), que regulan la prescripción de las infracciones en materia de Seguridad Social y que dicen que éstas prescriben a los cuatro años.
  4. La no imposición de costas por estimación del recurso de suplicación.

Estimación del recurso de suplicación y sentencia.

  • La Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, falla el 10 de julio de 2018, estima el recurso de suplicación formulado por la demandante contra la Sentencia de fecha 7 de abril, dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de Valencia sobre DESEMPLEO, siendo la parte recurrida el SEPE.
  • Se declara el derecho de la demandante a formar parte del programa de renta activa de inserción. Dado que la sanción impuesta hace más de 20 años, no puede impedir la petición de inclusión en el programa de prestaciones mencionado, produciéndose una doble sanción no permitida por el ordenamiento jurídico.
  • Se condena al SEPE, al pago de las prestaciones generadas desde la solicitud.

Pincha aquí para leer la sentencia original

CONCLUSIÓN

¿Qué pasa con el SEPE y la Seguridad Social en general?

Aunque ya hay muchos casos en los que legalmente o a través de sentencias anteriores se establecen derechos distintos a los que el SEPE, dicta en sus sentencias y aunque éstas sean contrarias a la ley, o a la interpretación de ésta por parte de los juzgados y tribunales en un alto porcentaje, se continúan dictando estas resoluciones sabiendo que, la mayoría de las veces, van a ser aceptadas por los ciudadanos. ¿Por qué?, por lo que apuntábamos al principio de este post, el miedo a demandar a una entidad pública.

¿Tienen las administraciones públicas una estrategia recaudadora?.

Nuestra recomendación ante la duda, confiar en un profesional que ponga en manos de la justicia estos temas para que los jueces los conozcan, sepan lo que está pasando y dicten resoluciones al respecto.